Crisis e Inicio del Conflicto

Crisis e Inicio del Conflicto
En 1878, el congreso de Bolivia se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873. Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres de Antofagasta aún no estaba vigente porque, de acuerdo con la Constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el Congreso. Ello se hizo por la Asamblea Nacional Constituyente boliviana mediante una ley, el 14 de febrero de 1878, a condición de que se pagara un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la compañía.
Artículo Único. Se aprueba la transacción celebrada por el ejecutivo en 27 de noviembre de 1873 con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta a condición de hacer efectivo, como mínimo, un impuesto de diez centavos en quintal de salitre exportado.
Asamblea Nacional Constituyente de Bolivia. Ley de 14 de febrero de 18783
En lo que respecta a Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo IV del tratado de 1874. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia por parte de los propietarios de la empresa afectada y una cerrada defensa de su causa por parte del gobierno de Santiago, desencadenándose un conflicto diplomático.
A lo largo de los meses subsiguientes, el gobierno boliviano se abstuvo de implementar la ley mientras se discutían las objeciones presentadas por el gobierno chileno. El 8 de noviembre, el canciller Alejandro Fierro envió una nota al canciller Martín Lanza indicando que el Tratado de 1874 podría declararse nulo si se insistía en cobrar el impuesto, renaciendo los derechos de Chile anteriores a 1866. El 17 de noviembre, el gobierno de La Paz ordenó al prefecto del departamento de Cobija que aplicara la ley del impuesto para iniciar las obras de reconstrucción de Antofagasta. Aunque ambas partes propusieron la resolución del conflicto por vía de un arbitraje, tal como lo contemplaba el Protocolo de 1875, este no llegó a realizarse ya que mientras el gobierno de Chile exigía que se suspendiera la ejecución de dicha ley hasta que su legalidad fuese determinada por un árbitro, el gobierno de Bolivia exigía que el blindado Blanco Encalada y sus fuerzas navales se retiraran de la bahía de Antofagasta. El 6 de febrero, ante las protestas por parte de la Compañía de Salitres por la ley del impuesto y dado que el contrato no había cumplido con los trámites para declararlo, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. El prefecto Zapata ordenó rematar sus bienes para cobrar los impuestos generados desde febrero de 1878.
En Chile, la decisión de impedir el remate se tomó la mañana del 11 de febrero, cuando, en una sesión especial del gabinete chileno, se recibió un telegrama del norte, conteniendo textualmente un mensaje del ministro plenipotenciario de Bolivia "Anulación de la ley de febrero, reivindicación de las salitreras de la compañía". Este gatilló la decisión del presidente Aníbal Pinto de ordenar la ocupación de Antofagasta, que se realizó el 14 de febrero de 1879, ocupando tropas chilenas el litoral boliviano hasta el paralelo 23. El 14 de febrero, el día del remate, tres naves chilenas desembarcaron en Antofagasta, Mejillones, Cobija y Caracoles reinvindicándose estos territorios. El 16 de febrero, llegó a Lima el ministro boliviano Serapio Reyes a fin de exigirle al gobierno peruano que cumpliera con el tratado de alianza defensiva de 1873. El 27 de febrero, Hilarión Daza decretó el estado de sitio en Bolivia.
Gracias a los archivos de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, se sabe que en Chile no existía interés en ir a la guerra por salvar a la compañía, a pesar de que muchos políticos y ministros importantes eran accionistas minoritarios de la compañía. Sin embargo, la decisión sería otra en el caso de que se remataran efectivamente las salitreras, lo que, según la visión del presidente de Chile Aníbal Pinto, supondría la violación efectiva del tratado.
 
Batallón Nº 3 de Línea del Ejército de Chile, formados en columnas en la Plaza Colón de Antofagasta, Bolivia en 1879.
El Perú, que había suscrito el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia de carácter secreto en 1873 y al que Argentina no se había adherido, trató de persuadir al gobierno de La Paz para someterse a un arbitraje con la misión Quiñones, figura que se encontraba estipulada en el protocolo complementario de 1875, toda vez que se trataba de un "problema tributario" y no territorial. El gobierno peruano, para mediar en el conflicto, envió a su ministro plenipotenciario José Antonio de Lavalle a Chile; la misión del diplomático fracasó. El canciller chileno Alejandro Fierro preguntó al plenipotenciario peruano sobre la existencia de un "Tratado Secreto" firmado con Bolivia en 1873. Lavalle no tenía instrucciones sobre ello y le indicó que en la comisión diplomática del congreso a la que él pertenecía no se había tocado ese tema. En Lima el 20 de marzo, el presidente peruano le expuso al representante chileno Godoy que el tratado existía y que convocaría al congreso peruano para evaluar qué actitud tomar ante Chile y Bolivia.
El 1 de marzo, el gobierno de Bolivia declaró cortado todo comercio con Chile, asumiendo que hay un estado de guerra. El 15 de marzo, Chile inició preparativos para ocupar más al norte del paralelo 23. Con ello, el 23 de marzo, tuvo lugar la batalla de Calama, en la que las fuerzas chilenas vencieron a un grupo de civiles bolivianos. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú.
La revisión y análisis del tratado de 1873 entre Perú y Bolivia, lleva a historiadores peruanos a la conclusión de que el Perú tenía la opción de decidir si este tratado estaba vigente, ya que Bolivia había firmado uno de límites con Chile en 1874 sin consultar al Perú, o si la agresión a Bolivia era real o si el asunto merecía un arbitraje. Esta misma interpretación dice que, a raíz de la penetración de tropas chilenas en territorio boliviano y el poco interés del gobierno de Chile en "una salida diplomática" y a la declaratoria de guerra que le hace el gobierno chileno el 5 de abril, Perú se sintió ligado a Bolivia por el tratado recíproco de defensa y entró, asimismo, en la contienda, declarando el casus foederis( es una expresión latina que significa "motivo de la alianza". En la terminología diplomática, describe la situación en la cual entrarán en juego los miembros de una alianza (por ejemplo, "cuando una nación sea atacada por otra").
En cambio, la historiografía chilena afirma que el pacto es defensivo en la forma, pero ofensivo en el fondo, por lo que considera la mediación de Perú después de la toma de Antofagasta como una forma de ganar tiempo, mientras se realizaban preparativos de guerra. Además declara un motivo de más largo alcance para que la guerra terminara en un conflicto entre Chile y Perú, que sería, según esta visión, una enemistad que tendría raíces en la época colonial, exacerbada en la independencia y en la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
Por otra parte, la historiografía peruana afirma que la relaciones coloniales eran de cooperación y comercio entre los puertos del Callao y Valparaíso. Después de proclamada la Independencia, ambos gobiernos suscribieron un tratado de Liga, Alianza y Confederación el 23 de diciembre de 1822, que establecía principalmente una alianza militar entre el Perú y Chile, el cual se complementó el 26 de abril de 1823 con un tratado de Auxilios, que reglamentaba el financiamiento de la campaña libertadora y aunque posteriormente el gobierno peruano no reconoció dicha deuda, en 1839, con la derrota de la Confederación, el Perú pagó a Chile la deuda contraída por el servicio prestado por el ejército chileno en la campaña restauradora y la independencia, así como reconoció las acciones de los oficiales de Chile otorgándoles premios y condecoraciones del ejército del Perú por reunificar el Perú y derrotar a Santa Cruz reconociendo a Chile como aliado del Perú. Esta alianza volvería a fortalecerse en 1866 durante la Guerra Hispano-Sudamericana en la cual las escuadras navales de ambos países combatieron juntas a la Armada Española en el Combate naval de Abtao. Tras el Combate del Callao y el retiro de la flota europea de aguas americanas en octubre del mismo año, el ministro chileno en el Perú Marcial Martínez, en cumplimiento de una ley dada por el congreso de su país, confirió al presidente peruano Mariano Ignacio Prado (el mismo en 1879) los despachos de General de División en el Ejército Chileno. Esto ha llevado a la historiografía peruana a afirmar la existencia de intereses económicos y políticas expansionistas en la clase dirigente chilena de ese entonces como verdadero motivo del estallido de la guerra.